Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros en su reunión de hoy. Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que no se ajusten a los objetivos de déficit o a su plan económico financiero serán sancionadas con las pautas mencionadas. Además, el cumplimiento de esos objetivos será tenido en cuenta para cuestiones tales como autorizar emisiones de deuda, concesión de subvenciones y suscripción de convenios.
El Anteproyecto aprobado tiene como finalidad principal el control del déficit mediante la estabilidad y sostenibilidad presupuestarias, claves para el crecimiento económico y la creación de empleo. La FEMP, en nombre de los Gobiernos Locales, ya dio su respaldo a los contenidos del texto en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
Los elementos fundamentales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son, entre otros, la introducción de deuda pública como criterio de sostenibilidad –esa deuda no podrá superar el 60% del PIB-; la obligación de las Administraciones Públicas de presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC, o la de aprobar un techo de gasto con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto.
Otra de las cuestiones relevantes de la nueva norma es que el déficit estructural del conjunto de las Administraciones Públicas se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional de promedio anual hasta 2020.